En las dos entradas anteriores sobre las conclusiones de
la cumbre organizada por la CEOE “Empresas
españolas: liderando el futuro”, ya he comentado algunas de las propuestas
transversales que los empresarios consideran imprescindibles para la reconstrucción: la necesidad de seguridad jurídica y de diálogo
social que haga posible el consenso,
y permita un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios que la
economía española -como el resto de economías- va a sufrir en los próximos
meses.
No quiero alargar esta serie de artículos
comentando cada una de esas conclusiones, pero sí dedicaré éste a una única de
esas conclusiones, la quinta:
5.-
Colaboración público-privada para
mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en
el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras.
Me parece un aspecto crucial en sí mismo, pero
además especialmente en el contexto de la deriva estatalista que este Gobierno
ha apuntado en más de una ocasión desde que llegó al poder, y no sólo ya con
declaraciones altisonantes, sino desde el BOE. Deriva que no parece lo más
adecuado en una Europa moderna, y que ya está teniendo sus consecuencias.
Hace una semana nuestro Presidente anunciaba una
subida de impuestos “inevitable”, y escribo estas letras justo al día siguiente
de que “nuestra” candidata Nadia Calviño (persona templada y con curriculum más
que suficiente) haya perdido la votación a la presidencia del Eurogrupo en
favor del ministro de Economía irlandés. ¿Tendrán algo que ver ambos hechos? Me
temo que sí, y que veremos más “derrotas” en el futuro próximo.
Porque seguir empeñado en plantear la relación
entre lo público y lo privado como una “contradicción” es mantener una
mentalidad decimonónica de “lucha de clases”, ya muy superada por la historia
económica y social.
Por eso resultan trasnochados -además de inconstitucionales
en muchos casos -, algunos planteamientos legislativos que pretenden implantar
una dictadura ideológica en materias como la educación, la sanidad o la
legislación laboral o fiscal. Dictadura que además socava la propia bondad de
esos sistemas públicos. ¿O hemos conseguido mejorar la educación o la justicia
social cuando se han aprobado leyes “ideológicas” en alguna de esas materias?
Ya en el siglo I a.C. el político e historiador
romano Cayo Salustio dejó escrito que “la
unión hace la fuerza”: una verdad que fue lema de algunos países como
Holanda, y que aparece actualmente en el escudo de países como Bélgica,
Bulgaria o Haití.
Y es que cuando en cualquier orden de la vida un
grupo (un equipo deportivo, un departamento de una empresa, o un país entero)
trabaja unido en busca de un objetivo común, la experiencia nos enseña que
tarde o temprano se consigue. En España tenemos tantos ejemplos en los últimos
años de equipos deportivos en lo más alto de las competiciones internacionales,
pues también detrás de deportistas en una disciplina individual –Nadal,
Márquez, Marín- hay un gran equipo que trabaja unido.
Y más recientemente hemos experimentado nuestra
respuesta como país ante las dificultades provocadas por la pandemia. Incluso a
pesar del pésimo ejemplo de falta de unidad en la clase política, me parece que
el conjunto de españoles hemos demostrado una vez más la verdad de que “la unión hace la fuerza” y así hemos
superado esa difícil situación: los sanitarios con su ingente e impagable
trabajo, los profesionales de los servicios esenciales que han sido espléndidos
en su dedicación, y también cada uno de los ciudadanos, grandes y pequeños, que
hemos sabido vivir responsablemente un durísimo confinamiento.
Por eso considero que atacar “lo privado” para
defender “lo público” es un mantra caduco. Al contrario, “lo público” y “lo
privado” son dos sistemas no solo complementarios, sino que se necesitan -entre
otros motivos- para mejorarse mutuamente. Negarlo es negar una evidencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario